EDUCACION PARA LA CIUDADANIA

Esta asigunatura, Educacion para la Ciudadania, esta implantandose para llegar a ser ciudadanos dentro de una civilizacion que ya esta perdiendo el significado de la palabra.Tenemos que intentar educar a nuestros descendientes de una forma mas segura y que conozcan sus derechos simplemente por ser humanos.Esto se ve reflejado en el articulo siguiente del periodico informacion.



JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO El Tribunal Supremo ha decidido al final sobre el debate suscitado en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y lo ha hecho, entiendo, a la vista de lo dicho por la prensa, conforme a la lógica y al derecho, al margen, pues, de criterios políticos o partidistas. No a la objeción de conciencia, lo que era de esperar, pues este derecho se encuentra muy limitado y no alcanza a la educación. No, también a cualquier tipo de adoctrinamiento, es decir, a que EpC pueda explicar como dogmas absolutos lo que tiene la categoría de cuestión moral o ética discutida o discutible en el seno de una sociedad plural.
Despejada, pues, la primera incógnita, queda por resolver la segunda, la más compleja, pues requiere de una extrema sensibilidad y del necesario respeto que constituye la base de la convivencia democrática. Es necesario educar en valores; pero no ha de hacerse en unos determinados cual si fueran los únicos, absolutos e indiscutibles, aunque sean los nuestros y creamos en ellos firmemente. Se ha de buscar, por tanto, un punto de equilibrio, un consenso entre las diferentes sensibilidades que existen en el marco de una Constitución plural en la que caben las diversas ideologías, siendo todas ellas respetables, ninguna oficial o de obligada aceptación y todas dignas de respeto siempre que no sean contrarias a la Ley Fundamental. De ahí, pues, que sea tan importante el programa, el cual, debería ser lo suficientemente objetivo como para evitar excesos que invadan el derecho de los padres y de cada cual a desarrollarse conforme a su visión de la vida y la sociedad. Y ahí reside el problema que parece ser ignorado por nuestros representantes políticos, que de nuevo desarrollan un discurso pobre que parece ignorar lo importante, que en este caso es la educación de los menores, no los votos y la extrema dificultad de elaborar un programa que sea único, pero que a la vez no represente una sola opción ideológica. Ese programa, indudablemente, no debe responder a los dogmas de ninguna religión, ni opción política y ha de formar en valores constitucionales, lo que es sumamente complejo. Ha de ser, por tanto, un programa laico, común a todos, no excluyente, pero que contenga las debidas referencias al respeto al fenómeno religioso, moral, ético o político que cada cual profese.
Se debe explicar la legalidad vigente, pero sin afirmar que la misma es expresión absoluta de ninguna verdad; la legalidad es relativa y cambiante; se basa en la decisión de una mayoría, pero esa mayoría tampoco permanece indefinidamente. Explicar la ley -eso lo sabemos bien los juristas-, no es transmitir un credo. Se puede manifestar y mostrar y, a la vez, criticar o exponer las ideas diversas que al respecto de cada norma subsisten.

La Educación para la Ciudadanía no puede convertirse en una especie de formación del espíritu nacional franquista que pueda encubrir un adoctrinamiento que responda a una sola y determinada visión y que coarte la individualidad de cada cual y las distintas sensibilidades consustanciales a un sistema político que se basa en la pluralidad. La EpC, pues, se ha de limitar a profundizar en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales desde una posición laica (artículo 27,2 CE), lo que no es contradictorio con el mantenimiento de una moral individual propia siempre que la misma sea compatible con el sistema democrático. Todo exceso, toda invasión de espacios personales y diferenciadores puede incurrir en adoctrinamiento y uniformización, lo que en sí mismo se opone a un sistema democrático. Enseñar el respeto es enseñar la tolerancia y la diversidad, tanto con el que acepta la legislación vigente, como con el que, legítimamente, difiere de ella. No es lícito demonizar, pues, al que disiente ni mostrarlo públicamente y calificarlo de forma grosera. No es admisible enseñar una forma única y excluyente de democracia, oficial y pública y calificar de antidemocrático o no políticamente correcto lo que se opone a esta visión determinada. Eso sería totalitario. La convivencia sólo es posible desde el respeto a la pluralidad y la Constitución permite muchas visiones, todas absolutamente respetables. Pero, insisto, siempre partiendo de unos valores comunes ajenos a toda ideología u opinión religiosa o moral.
Una verdadera convivencia democrática exige que aprendamos a respetar las diferencias y que no consideremos al que disiente de nuestros valores un enemigo del sistema. La tolerancia, tan extraña ahora en el juego partidista, es básica para que todos nos hallemos cómodos en la sociedad, católicos, ateos, agnósticos, socialistas, conservadores, etcétera. Esa tolerancia y aceptación de la diferencia que hoy faltan y que está radicalizando al mundo. Los fundamentalismos surgen, precisamente, de la oficialidad de unas ideas y la represión de otras; sólo, pues, la aceptación ordinaria de la diversidad permite una vida pacífica en común y a ella hay que tender para evitar que en el futuro siga floreciendo la radicalidad.

Por esta razón, en el tema de la educación, como en otros importantes, sólo cabe avanzar desde el consenso, nunca desde la imposición. Pido ahora al Gobierno y a la oposición, en consecuencia, que pacten el contenido de dicha asignatura, para que la misma tenga continuidad. Que muestren una responsabilidad que les viene exigida por ser nuestros representantes. En caso contrario, nos veremos abocados, como tantas veces, a cambios en una materia tan sensible cuando se modifiquen las mayorías. No es posible establecer una asignatura que pretende enseñar la convivencia en la tolerancia y que se imponga por una mayoría, aunque este comportamiento sea democráticamente aceptable. Ese sería un ejemplo de fracaso, de la imposibilidad de un acuerdo inicial, del abandono del objetivo constitucional. Si no hay consenso básico, se habrá fracasado en el objetivo esencial de la convivencia democrática. Nuestros hijos merecen otra formación para que mañana, a ser posible, no ofrezcan los espectáculos que hoy nos regalan los padres de la patria en el Congreso.
No acepto ninguna moral derivada de lo políticamente correcto que, por constituirse en oficial, viene a sustituir a otras que existieran con la misma calidad en otras épocas. Prefiero la libertad de conciencia, la diversidad y la convivencia pacífica. Tal vez de este modo, EpC pueda convertirse en instrumento para acabar con las ya bicentenarias dos Españas. Se puede. Sólo hay que querer y estar dispuesto a valorar al otro en su forma de ser, con respeto y no con desprecio, aunque no compartamos sus ideas. o

José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.